Otros nombres: Cáncer cervical, Cáncer de cérvix

El virus se contagia por el contacto sexual. El cuerpo de la mayoría de las mujeres es capaz de combatir la infección de VPH. Pero algunas veces, el virus conduce a un cáncer. Si fuma, tiene muchos hijos, ha utilizado pastillas anticonceptivas por largos periodos o tiene una infección por VPH tiene más riesgo de que eso ocurra.

En un principio, el cáncer de cuello uterino quizá no causará síntomas, pero más adelante puede haber dolor en la pelvis o sangrado vaginal. Suele tomar varios años para que las células normales del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. El médico puede encontrar las células anormales con una citología vaginal o Papanicolau (Pap), que es un examen de las células del cuello uterino bajo un microscopio. Hacerse exámenes Pap periódicamente permite detectar y tratar las células cambiantes, antes de que se conviertan en un cáncer.

Existe una vacuna para las niñas y mujeres jóvenes que las protege contra los cuatro tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino.

NIH: Instituto Nacional del Cáncer

Tres de cada 10 mujeres de entre 18 y 25 años se hallan infectadas por el virus del papiloma humano (VPH), enfermedad de transmisión sexual que puede acabar provocando cáncer a largo plazo siempre que las afectadas no reciban ningún tipo de tratamiento.
Así lo concluye el primer estudio epidemiológico a gran escala realizado en España y que este miércoles presentó el Instituto Catalán de Oncología (ICO). El informe, realizado después de analizar a unas 3.200 mujeres de entre 18 y 65 años, ofrece la primera cifra fiable sobre el número de afectadas por el VPH en España: alrededor del 14% de mujeres, que en ocho de cada 10 casos padecen patologías con alto riesgo y potencialmente cancerígenas.

La media de edad de la primera relación sexual ha pasado de los 22,7 años a los 16,9 años

“Es un tipo de infección más frecuente de lo que podíamos pensar, especialmente entre mujeres jóvenes”, señaló el responsable del informe y jefe de la Unidad de Infecciones y Cáncer del ICO, Xavier Castellsagué. El virus del papiloma humano es la causa del cáncer de cuello de útero y se halla presente en el 80% de los tumores de ano y de vagina. También, en menor medida, en el de los de vulva, pene y faringe. El estudio determina que en España hay actualmente dos millones de mujeres infectadas por el VPH y considera que los hábitos sexuales, especialmente que las parejas comiencen a mantener relaciones sexuales de forma cada vez más precoz, contribuye a este incremento.

Esta circunstancia se refleja en la media de edad de la primera relación sexual, detalla el estudio. Esta pasa de los 22,7 años de edad en mujeres mayores (de entre 56 a 65 años) a los 16,9 años en mujeres jóvenes (de entre 18 a 25 años). La promiscuidad también es mayor en esta franja de edad, ya que el 45% han tenido más de dos parejas sexuales a lo largo de la vida mientras que entre las mujeres de más de 56 años el porcentaje cae hasta el 16%.

“Estos datos muestran la necesidad de vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano para prevenir cualquier posible efecto del papiloma, incluido el cáncer”, subrayó el responsable de investigación en cáncer del ICO, Xavier Bosch.

La vacuna del papiloma se está generalizando internacionalmente después de algunos casos controvertidos debido a reacciones adversas, detalló Castellsagué. En España, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó en 2007 incluir la vacuna en el calendario para las niñas entre 11 y 14 años. Solo en este país se contabilizan 2.100 nuevos casos de este tipo de cáncer al año, con 740 muertes. Entre los años 2007 y 2008, se distribuyeron 1.146.000 dosis y se notificaron 103 casos adversos, 35 de ellos graves. En 2009, dos chicas de Valencia fueron ingresadas en la UCI tras recibir la vacuna, pero un comité de expertos determinó que las convulsiones sufridas se debían a un “síndrome de conversión fruto de la ansiedad”.

Emilio de Benito | Madrid

La situación del sistema sanitario español es tan grave que eso justifica que las decisiones se tomen mediante un decreto ley. Es la premisa del Real Decreto ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que, con cuatro días de retraso, ha publicado el BOE de hoy. El Gobierno acelera los plazos de las reformas. Ni siquiera esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias de los extranjeros para endurecer los requisitos, que tienen una validez de dos años. Antes del 31 de agosto de este año deberán demostrar que entran en la categoría de “asegurados”, es decir, que están dados de alta en la Seguridad Social (o, de una manera más general, que tienen todos los papeles en regla y no solo el empadronamiento). Para el resto de los extranjeros también se exigirán más papeles (un aseguramiento), incluidos los de la UE.

Además, se fijan criterios comunes para el copago de ciertas prestaciones que no están en la cartera básica (ambulancias, ortoprotésicos, dietéticos). Y se habilita un sistema de fijación de precios por parte del Ministerio de Sanidad para obligar a rebajar precios.

Las principales regulaciones son las siguientes:

Derecho a la atención sanitaria de los españoles. El decreto concreta el anexo de la ley de salud pública del año pasado que establecía el aseguramiento universal de los españoles. Para ello, fija las condiciones, que siguen vinculadas a la Seguridad Social, ya que la asistencia “se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. Esto es: ser trabajador o pensionista, estar cobrando algún subsidio, haber agotado la prestación de desempleo y estar apuntado en el paro (esta es la novedad porque hasta ahora la prestación terminaba), ser cónyuge o hijo hasta los 26 años o no llegar a un nivel máximo de ingresos. Quedarían fuera personas que tengan ingresos sin haber cotizado nunca, aunque paguen impuestos en España (rentistas).

Atención a los extranjeros “no registrados ni autorizados como residentes en España”. Recibirán atención de urgencias “hasta el alta” y “asistencia al embarazo, parto y postparto”. Los menores de 18 años serán tratados como los españoles. El Gobierno espera ahorrar con ello 500 millones.

Extranjeros de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Para tener la residencia (más de tres meses) se le exigirá estar estudiando, trabajando, o si “dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España”. Antes esto no era así, y no se les ponía ninguna condición.

Copago de cartera de servicios. Habrá copago en farmacia, prestación ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente. “El porcentaje de aportación del usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta aportación”. Es decir, las comunidades que lo dan gratis (hay amplia variedad), podrán cobrar por estos servicios en función de la renta. Esto ahorrará otros 500 millones.

Cambio de la cartera gratuita. “Se determinará por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y Financiación”. “Se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y organizativo”. Así pues el responsable último, aunque sea el que redacte la ley, no será el ministerio, sino las comunidades.

Cartera de servicios autonómica. Las comunidades podrán ampliar la oferta si garantizan que pueden ofrecer la parte común.

Vuelta a prescribir por marca. El decreto hace una cesión a los grandes laboratorios, ya que establece que podrá recetarse “siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema” (sea el más barato).

Exclusión de fármacos de la financiación. En los casos en que coincidan medicamentos en la lista de los que necesitan receta y los que no, se dejarán de financiar estos. Esto sucede con algunos fármacos para síntomas menores (antigripales, analgésicos, protectores gástricos).

Doble precio de medicamentos. “Como regla general”, los precios a los que lo laboratorios vendan a la Administración serán menores a los de venta a otros clientes (recetas privadas). Es decir, se les exigirá un descuento sobre el precio autorizado.

Precios de referencia. Se revisarán trimestralmente. Hasta ahora eran anualmente, aunque quedaba abierta la posibilidad de que el Gobierno lo variara, pero de manera excepcional. Con ello, si entra un genérico en el mercado más barato, las demás tendrán que bajar hasta su nivel antes.

Precios seleccionados. Haya o no un genérico más barato, el Gobierno podrá determinar rebajas de algunos medicamentos –el “precio seleccionado”-. Habrá algunas condiciones, como que haya al menos tres productos en el grupo terapéutico seleccionado. A cambio, el precio, que se comunicará a los fabricantes, se mantendrá dos años. Esta es una de las grandes novedades del decreto, y la clave del ahorro de más de 3.000 millones en esta partida, junto a las otras aplicables a farmacia.

Copago farmacéutico. El decreto describe el sistema de copago en función de la renta (exento, 40%, 50% y 60% para activos según ingresos, y exento, 10% con un máximo de 8 euros, 10% con un máximo de 18 euros y 10% con un máximo de 60 euros para pensionistas). Para ello, se manejarán los datos financieros del titular de la tarjeta. Este no tendrá que dar su permiso. La Seguridad Social indicará a las autoridades sanitarias el nivel de aportación (exento total, por debajo del mínimo para declarar, hasta 100.000 euros) sin especificar la cantidad exacta.

Aportaciones de los proveedores. Se establece una escala muy sencilla de aportaciones (devoluciones) de los proveedores del sistema nacional de salud (laboratorios y fabricantes de otros productos). Si venden hasta 3 millones, deberán devolver el 1,5% de su facturación. A partir de ahí, su aportación será del 2%. Las empresas podrán reducir esta cantidad si participan en el plan Profarma, dedicado a la investigación, en una escala que va del 0% al 25%.

Devoluciones de farmacias. También las farmacias tendrán que descontar a la Administración por su venta. Esto ya ocurre, pero se endurecen las aportaciones. Por ejemplo, la máxima pasa del 15% al 23,67%. En cambio, aumenta el nivel de venta por el que quedan exentas, que pasa de los 32.000 a los 37.500 euros al mes.

Personal. Se creará un registro de profesionales. Es una vieja aspiración. Estará en manos del ministerio. Este establecerá la correspondencia entre las categorías profesionales de las distintas comunidades. Se suprimen la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona (un extra).

ELMUNDO.es | Agencias | Madrid

Éstas son las principales medidas de ahorro:

-Pago de prótesis ambulatoria y transporte sanitario no urgente: Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas…), los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, de acuerdo con el decreto que publica el BOE, que considera estos productos y actividades como “servicios accesorios” sujetos a aportación por parte del usuario.

El porcentaje de aportación del usuario “se regirá por las mismas normas que regulan laprestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación”.

Ese tipo de prestaciones -ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente-, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementariadel Sistema Nacional de Salud.

-Servicios comunes: La norma incorpora la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los queno se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos queno tengan suficientemente probada su “contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento”.

-Copago farmacéutico: El Real Decreto pone fecha al copago farmacéutico: el 1 de julio. Antes de esa fecha, las comunidades autónomas deberán adaptarse para modificar al copago según renta antes del 30 de junio.

De esta manera, los activos con una renta igual o superior a 100.000 euros deberán hacerse cargo de un 60% del precio de los medicamentos, reduciéndose al 50% si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros, y al 40% para las personas cuya renta sea inferior a los 18.000 euros.

Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, con un tope de ocho euros mensuales; los que perciban más de esa renta abonarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales.

-Sin fármacos para síntomas menores: El Gobierno ha decididoexcluir de la prestación aquellos fármacos indicados en el tratamiento de síntomas menores y los que contengan un principio activo que cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso.

Aunque este Real Decreto no limita qué medicamentos ya no podrán ser recetados, todo apunta a que quedarán excluidosmucolíticos, antitusivos, descongestivos, antidiarreicos y las lágrimas artificiales.

En las próximas semanas, Sanidad dará a conocer la lista de medicamentos que quedarán excluidos por estar indicados, según reza el BOE, “en el tratamiento de síntomas menores”, una exclusión de la que ya alertado el PSOE, que habla de nuevo “medicamentazo”.

-Precios a la baja: La norma establece igualmente un nuevosistema de revisión de precios a la baja para los fármacos financiados, de modo que, según recoge el Real Decreto, “sólo se tendrán en cuenta” las reducciones que supongan, “como mínimo”, el 10% sobre el precio industrial máximo en vigor autorizado para la financiación con fondos públicos.

-Extranjeros indocumentados: El Real Decreto establece en una disposición adicional como fecha límite el 31 de agosto para que los extranjeros residentes en España regularicen su tarjeta sanitaria.

A partir de ese momento, según han explicado fuentes del Ministerio de Sanidad, aquellas tarjetas sanitarias pertenecientes ainmigrantes irregulares empadronados quedarán anuladas.

Según figura en el BOE, a partir del 1 de septiembre aquellos “extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España” sólo podrán tener acceso a las urgencias para casos de “enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica“.

Sí queda garantizada la asistencia “al embarazo, parto y postparto” y a los “extranjeros menores de 18 años“, que “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”, según figura en el BOE.

-Turistas sanitarios: Respecto a los turistas sanitarios procedentes de la UE y de otros estados que forman parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Real Decreto fija como condición “una residencia superior a los tres meses” en España, que deberá quedar fehacientemente acreditada.

-Jóvenes mayores de 26 sin cotizar: A partir de los 26 años, quienes ya no estén cubiertos por la tarjeta sanitaria de sus padres, pero aún no hayan comenzado a cotizar, deben acreditar su falta de ingresos si quieren seguir disfrutando de la sanidad pública española. Así lo indica el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, que mantiene esta cláusula con respecto al texto anterior.

Inscribirse como demandante de empleo es una manera de acreditar que se carece de ingresos.

Por: EL PAÍS| Por Cecilia Castaño

La incorporación masiva de las mujeres al empleo en los últimos 30 años se ha visto doblemente favorecida por la creación del Estado de bienestar español: las mujeres han encontrado empleo en los servicios públicos de educación, salud y asistencia social –como médicas y enfermeras, maestras, puericultoras, profesoras, etc.- y al mismo tiempo esta oferta de servicios gratuitos ha aligerado la carga de responsabilidades familiares, facilitando la permanencia femenina en el puesto de trabajo.

Ante la cuestión de si los recientes recortes sociales pueden afectar más a las mujeres que a los hombres, la respuesta es afirmativa, porque el ahorro se lleva a cabo a través del aumento de horas de trabajo y la reducción del personal educativo, sanitario y de servicios sociales, abrumadoramente femenino.

Con datos de la Encuesta de Población Activa, para el 4º Trimestre de 2011 son casi dos millones de empleos y más del 23% del empleo femenino: 800.000 mujeres ocupadas en Educación (casi el 10% del empleo femenino) y más de un millón en Salud y Asistencia social (8% y 5,2% del empleo femenino respectivamente). A los hombres les afectará menos, ya que en educación, salud y asistencia social son sólo 700.000 ocupados (7,5% del empleo masculino).

Más allá de estos efectos directos, también les afectará en términos indirectos, ya que la reducción de la oferta de servicios sociales hace más difícil la conciliación y, de esta manera, pone en peligro la permanencia en el empleo. Ello es así porque el régimen de género español todavía atribuye roles diferentes a los hombres –cuya responsabilidad primordial sería traer el sustento económico al hogar, aunque también quieran a sus hijos y se ocupen cada vez más de ellos- y a las mujeres –cuya primera responsabilidad sería cuidar de la familia y educar a los hijos, aunque también contribuyan al sustento económico con su empleo. En España la conciliación es todavía un asunto de mujeres y estamos bastante lejos de la corresponsabilidad. Un ejemplo: el Ministerio de Educación eliminó sin parpadear los planes de aumento de la oferta educativa hasta los 3 años, alegando que no era educación sino conciliación.

Otro efecto no menos importante está relacionado con la mentalidad desde la que se aplican los recortes. En el caso del Gobierno actual, los recortes se han visto precedidos – de manera un tanto extemporánea- por una híper reafirmación de la maternidad como elemento exclusivo en la definición de la identidad femenina. Lo malo es que la reforma laboral que se está discutiendo en el Parlamento no incluye medidas que garanticen que las mujeres embarazadas o ya madres no sean las primeras en ser descartadas –es decir, despedidas- aplicando cualquiera de las nuevas medidas de flexibilidad. De esta manera las mujeres se verán enfrentadas, de manera más dura si cabe que actualmente, al dilema entre maternidad y carrera profesional. Los efectos son negativos para ellas y para el crecimiento económico: que se reduzca la tasa de actividad femenina, que se reduzca, alternativamente, la fecundidad, o que se reduzcan las dos.

Pero con menos servicios de salud y asistencia social el problema no es solo la maternidad y el cuidado de los hijos. Hay otros momentos del curso de la vida no menos complicados para las mujeres. El alargamiento de la esperanza de vida, si no se proveen suficientes servicios de atención sanitaria y social, aumenta las cargas familiares, y de nuevo aquí el régimen de género perjudica a las mujeres. Si en Suecia una persona mayor se rompe la cadera, recibirá atención pública tanto hospitalaria como en el hogar; ante esta misma situación, en España, lo más probable es que alguna de las mujeres de su entorno –hija, nuera, hermana- tenga que dejar de trabajar para hacerse cargo de su cuidado. Todas las mujeres acabarán pasando por el momento de la generación sándwich: no solo cuidar de sus hijos, sino de sus padres al mismo tiempo.

Cecilia Castaño es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid

Comentario de la clínica .Como se conjuga que la nueva ley de Gallardón quiera protejer la natalidad con estos recortes ?

El cáncer anal afecta más a varones homosexuales. Sin embargo, la incidencia del cáncer anal en mujeres con VIH es también superior a la de la población general
Durante el pasado fin de semana ha tenido lugar en Sitges el 18 Simposio Internacional Sida, que ha reunido a los mayores expertos nacionales e internacionales en el campo del VIH, entre los que se encuentran el Dr. Joel Palefsky, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y el Dr. Calvin Cohen, director de investigación en Community Research Initiative of New England y director de investigación clínica en Harvard Vanguard Medical Associates. La reunión, que ha tenido lugar durante el viernes 23 y el sábado 24 de marzo, ha abordado los últimos avances científicos en el manejo de la infección y sus comorbilidades, así como la técnica de la profilaxis pre-exposición y el abordaje del cáncer anal en los pacientes con VIH. Estas jornadas de debate y actualización en el ámbito del VIH han contado con la colaboración de Janssen y se vienen celebrando con periodicidad anual desde el año 1995.
Uno de los temas en el que los científicos más se han detenido ha sido el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer anal de los pacientes con VIH. Durante los últimos años se ha incrementado de una manera muy significativa el número de pacientes con VIH que desarrollan un cáncer anal. Aunque esta enfermedad afecta más a varones que practican sexo anal, la incidencia del cáncer anal en mujeres con VIH es también superior a la de la población general. El Dr. JM Gatell, jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas y Sida del Hospital Clínic de Barcelona, apunta que “la detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas reduce el riesgo de progresión de la enfermedad y muy a menudo produce la curación del cáncer anal”. Como una herramienta para favorecer el diagnóstico precoz del cáncer anal, el Dr. Gatell asegura que “el cribado sistemático muy probablemente debería ser una práctica rutinaria en hombres, por lo menos en los que practican sexo anal, para detectar las lesiones precancerosas a tiempo y poder tratarlas”. También en el caso del cáncer de cérvix en mujeres, tratar las lesiones precancerosas ayuda a alcanzar una curación de la enfermedad.

La controversia de la Profilaxis Pre-Exposición
En los últimos años, el sida ha pasado de ser una enfermedad con altas tasas de mortalidad a ser una patología crónica gracias a los avances en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, y a pesar de las campañas de prevención, cada año se producen alrededor de 3.000 nuevos casos en España. Concretamente en Cataluña, aproximadamente 600 personas contraen el virus del VIH cada año. Por esta razón, durante el simposio se ha puesto de manifiesto la eficacia de la técnica de la profilaxis pre-exposición como una posible estrategia adicional de prevención. Esta práctica consiste en tratar a personas no infectadas por el VIH de manera que si entran en contacto con el VIH no se infecten. El Dr. Gatell, explica que “la profilaxis pre-exposición es muy eficaz, si se realiza de manera continuada y la adherencia al tratamiento es buena. Sin embargo, la controversia se encuentra en la incomodidad de la terapia, los potenciales efectos secundarios y el coste. Habría que establecer en qué grupos de población se da una mejor relación coste-eficacia. Por otra parte, también habría que estudiar la posibilidad de efectuarla de forma intermitente, ligada a las relaciones sexuales.”
Una vez que el individuo ya está infectado, el paciente será tratado con terapias antirretrovirales cada vez mejor toleradas y más cómodas y sencillas en su administración. Ya hay terapias disponibles que se administran una sola vez al día, lo que facilita mucho la adherencia al tratamiento. Sin embargo, siempre caben mejoras, ya que estos tratamientos controlan el sida pero no lo curan. En este sentido, el Dr. Gatell comenta que “el tratamiento actual no es capaz de erradicar el virus, y por ello hay que administrarlo durante toda la vida del paciente”. Al ser una enfermedad que acompañará al paciente durante toda su vida, es importante desarrollar moléculas muy seguras y mejorar los potenciales efectos secundarios a largo plazo de estos fármacos.

Fuente: Cícero Comunicación

María R. Sahuquillo Madrid

La intención del Gobierno español de modificar la ley del aborto para que las mujeres vuelvan a tener que justificar su decisión aleja a España de Europa. Alemania, Austria, Holanda, Grecia. Todos (y más) se rigen desde hace décadas por leyes de plazos. Una regulación vigente también en España que da a la mujer un periodo —normalmente entre las 12 y las 14 primeras semanas de gestación— para decidir de forma libre, sin tener que dar razones. Con la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con esa posibilidad, sustentada en la teórica defensa de la maternidad y en la protección del no nacido, España se convierte en el único país que retrocedería hasta fórmulas más restrictivas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo la semana pasada que hay una “violencia de género estructural” que impele a las mujeres a abortar. Si la reforma de Gallardón sigue adelante, España puede ver pasar a la católica Irlanda, uno de los países en los que más limitada está esta prestación, pero que ya da pasos de apertura.

Volver a un sistema de supuestos como el vigente desde 1985 hasta 2010 —cuando interrumpir el embarazo era delito y solo se permitía en casos de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre— devolvería a España a una época en la que el aborto no se consideraba un derecho y la mujer solo podía hacerlo bajo tutela médica. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo dijo rotundamente hace unos días: “El aborto no es un derecho, es un fracaso”.

Pero el cambio que se atisba en España lo han eludido otros Gobiernos conservadores, en Portugal o en Italia. Solo Hungría, con la ultraderecha de Viktor Orban en el poder, escenificó un movimiento similar al modificar su Constitución para recoger que la vida debe protegerse “desde su concepción”. El artículo abre las puertas a una futura reforma represiva de su ley de aborto (libre hasta la semana 18ª). Algo para lo que, sin embargo, el país “no está preparado”, según Orban.

“Otros Estados, aunque no han llegado a emprender el camino que quiere iniciar España, han intentado limitar de alguna forma la interrupción voluntaria del embarazo”, expone Irene Donadio, experta de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF European Network), organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos. Se refiere, por ejemplo, a Lituania o Letonia, cuyos Parlamentos votaron propuestas para restringir sus leyes de plazos (hasta la semana 12ª). No progresaron. Tampoco tuvo éxito en Polonia el plan de endurecer aún más su ya limitada norma.

Pasos que desoyen, además, las recomendaciones de órganos como el Consejo de Europa, que lleva años reclamando que el aborto se reconozca como un derecho en todos los países; o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta de que el número de intervenciones es más alto en los países con leyes más restringidas. “Las leyes que limitan y criminalizan el aborto no frenan a quienes necesitan acceder a él”, dice la parlamentaria británica demoliberal Jenny Tonge. “Seguirán abortando, pero de manera clandestina e insegura”, añade. Tonge, una médica que antes de ocupar su escaño se dedicó a temas de planificación familiar, explica que las mujeres encuentran formas de hacerlo: “Desde introducirse objetos o sustancias en la vagina a autolesionarse o ingerir fármacos”, asegura. Solo las que se lo pueden permitir —como hacían algunas españolas antes de la despenalización— viajan a países con leyes de plazos. Alrededor de 6.000 irlandesas se trasladan cada año a Reino Unido para poner fin a su embarazo, según un informe aún inédito de la IPPF, que analiza la situación del aborto en la UE. Algo que les puede costar entre 800 y 1.200 euros.

Irlanda impidió abortar a una mujer con cáncer, ahora revisa su normativa

Irlanda es, tras Malta —donde abortar está prohibido—, el país más restrictivo. Solo lo permite si la vida de la mujer corre “grave y sustancial riesgo”. Un peligro que no se especifica en ninguna regulación y queda a diagnóstico del médico. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer, enferma de cáncer, a la que negó un aborto terapéutico. La afectada tuvo que irse a Reino Unido.

Ahora, tras la resaca de la sentencia, en la que el Tribunal criticaba la ausencia de criterios legales para evaluar ese “riesgo sustancial” y las severas sanciones a las que se enfrentan quienes faciliten la intervención, el Gobierno irlandés ha formado un comité de expertos que estudia cómo introducir las recomendaciones de Estrasburgo. Denise Ryan, consejera de la organización irlandesa de planificación familiar IFPA, cree que ese debate es un avance. No obstante, recuerda que no es la primera vez que algo así ocurre y todo queda en nada.

Si, finalmente, España decide alejarse de la tónica europea, el Gobierno debe decidir en qué espejo mirarse. ¿Un modelo atávico como el irlandés? Gallardón ha asegurado que el modelo de supuestos al que quiere volver “funciona en los grandes países occidentales”. Se refiere, quizá, a Reino Unido o Finlandia, donde la mujer debe alegar alguna razón para abortar. Supuestos que incluyen, no obstante, el de “riesgo económico y social”, un amplio paraguas que, de facto, permite el plazo de aborto libre.

Limitación temporal

Prohibido

Solo Malta prohíbe el aborto en cualquier circunstancia. En otros lugares, como Irlanda o Polonia, interrumpir el embarazo no es ilegal aunque está muy restringido.

Supuestos

Apenas cuatro países se rigen por un sistema de supuestos: Polonia, Chipre, Reino Unido y Finlandia. En este último, donde el Estado cubre los gastos de la intervención (salvo las tasas), las mujeres pueden abortar hasta la semana 12ª de gestación si seguir adelante les puede suponer “una carga”. En Chipre no hay límite de tiempo para abortar. Allí, además de los supuestos de violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre (físico o mental), existe opción de abortar si llevar a término el embarazo puede “perjudicar socialmente a la mujer o a su familia”. La paciente necesita el dictamen de dos médicos para aprobar la intervención.

Autorización paterna

En la República Checa y en España, las mujeres de 16 y 17 años no necesitan autorización paterna para abortar, aunque deben informar de ello a su familia. Un trámite que en España pueden evitar si contarlo en casa les puede causar un conflicto. El Gobierno de Mariano Rajoy ya ha asegurado, sin embargo, que cambiará la ley para exigir a las menores consentimiento paterno. Estonia, que hasta 2009 no exigía ese permiso, cambió su legislación para que fuera imprescindible. En Francia las menores de edad también necesitan permiso; pueden, sin embargo, salvar ese paso si por algún motivo prefieren mantener en secreto su decisión; pero deben ir acompañadas por un adulto.

Reflexión

La mayoría de los países con leyes de plazos imponen un periodo de reflexión a la mujer antes de someterse a la intervención. En Bélgica es de seis días y antes las mujeres reciben asesoramiento obligatorio de las alternativas a la interrupción del embarazo. En Francia (ley de plazos hasta la semana 12ª) deben aguardar una semana después de la primera consulta. En Alemania, Hungría y España el plazo de reflexión es de tres días.

La tasa de VIH entre las mujeres afroamericanas que viven en determinadas ciudades de Estados Unidos es la misma que la de algunos países de África, según ha concluido un estudio presentado este jueves en la Conferencia de Enfermedades Infecciosas por el Instituto de Ciencias Sociales (ISIS por sus siglas en inglés).

Durante el año que duró la investigación, un 0,24% de las mujeres dio positivo. Esta tasa es cinco veces superior a la estimación que hizo el Centro de Prevención y Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) sobre las mujeres negras en 2010 y son cifras comparables a las tasas de VIH que se dan entre la población general de muchos países subsaharianos como la República Democrática del Congo (0,28%) o Kenia (0,53%).

Carlos del Río, principal investigador del estudio, sostiene que el 60% de los casos que se dan en EE UU se concentran principalmente en 10 ciudades (entre ellas Baltimore, Nueva York o Washington) y, que al contrario de lo que mucha gente cree, “esta enfermedad no está ni mucho menos erradicada aunque mucha gente en este país lo crea”. “Es una epidemia concentrada, la enfermedad de los olvidados”, asegura.

La investigación incluyó a 2.099 mujeres entre 18 y 44 años que nunca se habían hecho una prueba de VIH. “Treinta mujeres descubrieron durante el estudio que eran seropositivas”. El 88% de las participantes era afroamericana y el 12% restante era latina.

“Estudiamos a mujeres sin recursos, sin trabajo y con problemas de violencia doméstica. Son personas que aunque sean portadoras del VIH no tienen tiempo para ir al médico”, asegura el investigador. La pobreza, la inseguridad, la falta de alimento y el consumo de drogas son factores de alto riesgo. “Hay mujeres que me han mirado a los ojos y me han dicho: ‘Vale, tengo un alto riesgo de ser seropositiva, pero tengo el mismo riesgo de que me peguen un tiro”, añade Del Río.

Para este experto no vale tan solo con proporcionar información sobre el VIH y repartir condones. “Se necesita proporcionar un mejor acceso a la atención médica, mejorar los tratamientos antidroga, crear empleos en estas zonas y, sobre todo, educar. Vamos a necesitar un liderazgo audaz que consiga hacer algo distinto a todo lo que se ha hecho hasta ahora.”, se lamenta Del Río.

La estrategia fundamental para combatir este problema sería actuar en los focos de población con el mayor número de afectados, sostiene el informe. “No dejar de lado a las personas por su estatus económico o social”, concluye este investigador.

En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona.